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Denuncian que hay militares implicados en el tráfico de personas
Un grupo de sacerdotes, en su mayoría párrocos y jesuitas que trabajan en el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), de la provincia de Dajabón, en la frontera con Haití, han realizado un enérgico llamamiento al gobierno de la República Dominicana para que "detenga las deportaciones masivas" de haitianos que buscan refugio en país huyendo de la ya insostenible situación social, económica y de violencia, según informa el SIR.
En la misiva, los sacerdotes piden también "resolver el problema de la implicación de los militares en el tráfico de personas", "crear centros municipales de regularización de inmigrantes", "implicar a los empresarios como corresponsables en la regularización de inmigrantes", "mejorar la infraestructura de los centros de internamiento y crear espacios seguros para los menores, mujeres embarazadas y madres lactantes que necesiten ser repatriados".
"El país tiene derecho a organizar sus fronteras y hacer cumplir las leyes de inmigración, pero no a violar los derechos fundamentales de las personas", subraya la misiva de los sacerdotes, en la que también denuncian que "en las deportaciones masivas, de las que hemos sido testigos en las últimas semanas, existen condiciones bajo las cuales el gobierno no puede garantizar el debido proceso, debido al alto número de deportaciones que sobrecarga las capacidades operativas de los agentes de migración. Vemos que esta situación impide la correcta ejecución de los protocolos".
Por el contrario, inciden, "se les trata con métodos que niegan sus derechos". "Esta acción viola la Constitución nacional, las leyes y los convenios internacionales”, de hecho, denuncian que "los inmigrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y poco profesionales en las operaciones diarias".
"Cualquier agente uniformado puede detener a un migrante”, lo que, aseguran, “fomenta la extorsión y la intimidación”. “Hay deportaciones de niños con arraigo social en la República Dominicana -prosigue la denuncia del SJR- y nos entristece el número de menores no acompañados que son llevados a la frontera. Los centros de detención no respetan las normas mínimas que garantizan la dignidad humana: aseos, muebles para sentarse o dormir, no hay agua, y niños, mujeres embarazadas y madres lactantes están sometidos a esta situación".
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