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"Se desconoce el paradero de ellas", denuncia Martha Patricia Molina en la red social X
El Gobierno de Daniel Ortega ordena a las religiosas clarisas el desalojo inmediato de los conventos y la confiscación de sus bienes, denunció la investigadora y abogada en el exilio Martha Patricia Molina.
Las monjas, en su mayoría nicaragüenses, fueron obligadas a abandonar todas sus propiedades y solo se pudieron llevar lo que tenían en las manos.
"Noche de terror para religiosas: la dictadura sandinista notifica a las religiosas Clarisas que deben abandonar sus propiedades. Solamente dejaron que sacaran algunas pertenencias, lo que les alcanzaba apenas en sus manos", escribió Molina en la red social X. "Se desconoce el paradero de ellas", añade
La investigadora apunta que "no es por falta de misiones que fueron confiscadas. Ningún religioso abandona su misión en Nicaragua por propia voluntad, sino por la persecución religiosa".
El 19 de mayo de 2023 fue cancelada la personalidad jurídica de esta congregación, que le había sido otorgada en 2004.
En los últimos días, según Molina, aumentó la intimidación policial a los religiosos en Nicaragua: "Los agentes sandinistas llegan para decirles que las misas deben de ser rápidas y no extenderse en la homilía", dijo.
Según la ONG Nicaragua Nunca Más, el gobierno de Ortega ha detenido a 74 religiosos, y excarcelado y desterrado a 63 de ellos, y al menos 35 fueron despojados de su nacionalidad.
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