Ordena CIDH medidas cautelares para integrantes de la comunidad Jesuita en Chihuahua

Buscan que jesuitas puedan realizar su ejercicio pastoral sin riesgos

Después del asesinato de dos sacerdotes en la Sierra Tarahuamara de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, Trahumara en Chihuahua, debido a que su trabajo pastoral está en riesgo debido a la presencia del crimen organizado en la zona.

Con la resolución 2/2023, la CIDH solicitó al gobierno mexicano que proteja a 11 jesuitas por considerar que se encuentran en una situación de grave riesgo frente a amenazas y agresiones, perpetradas por un grupo criminal. Esto además impide el normal desarrollo de sus actividades pastorales y de apoyo a las comunidades de la zona.

Diversas organizaciones han mostrado su preocupación después del asesinato de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar el pasado 20 de junio de 2022.

Por lo que fue Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (COSYDDHAC)(en adelante “la parte solicitante”), quienes solicitaron que se aprobaran estas medidas de protección necesarias para garantizar sus derechos.

Y es que también se resalta que después de los acontecimientos de junio de 2022, el Estado mexicano habría ordenado llevar a cabo un “seguimiento puntual” a los miembros de la comunidad jesuita, incluyendo una labor de fiscalización de los posicionamientos públicos que tengan sobre la política de seguridad del gobierno. Esto tendría como fin dar cuenta de sus actividades y registrar si conocían de posibles vínculos de los sacerdotes con la delincuencia organizada.

De acuerdo a la resolución de la CIDH las personas que deben ser protegidas son:

Jesús Reyes Muñoz; A. G. C.; N. C. J.; Esteban de Jesús Cornejo Sánchez; Sebastián Salamanca Huet; Luis Ramón Avitia Aguilar; Luis Gilberto Alvarado Durán; M. L. R. C.; Enrique Javier Mireles Bueno; Alberto Munguía Gómez; y Daniel Martín.

Y es que después de los acontecimientos de junio de 2022, el Estado habría ordenado llevar a cabo un “seguimiento puntual” a los miembros de la comunidad jesuita, incluyendo una labor de fiscalización de los posicionamientos públicos que tengan sobre la política de seguridad del gobierno. Esto tendría como fin dar cuenta de sus actividades y registrar si conocían de posibles vínculos de los sacerdotes con la delincuencia organizada.

Por lo que en medio de las acciones intimidantes en contra de los padres jesuitas, el proceso de investigación sobre los responsables del asesinato de los sacerdotes, así como la exposición que tienen al emitir mensajes críticos sobre la situación de seguridad en la zona y la actuación del Estado, que se encuentra controlada por grupos del crimen organizado.

La CIDH emitió los siguientes puntos:

Adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios. Entre tales medidas, se debe de garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros;
Adopte medidas de protección que permitan a los propuestos beneficiarios continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra;
Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y
Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.