Obispos de Honduras piden no dejar en la impunidad el asesinato del ambientalista Juan López

La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) exigió este jueves, 5 de junio, al Ministerio Público (Fiscalía) y a la Corte Suprema de Justicia que no permitan que el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido en septiembre de 2024, quede en el olvido ni en la impunidad.

«Elevamos nuestra palabra de exigencia al gobierno, particularmente al Ministerio Público (Fiscalía) y a la Corte Suprema de Justicia, para que diligentemente no dejen en el olvido ni en la impunidad este asesinato de nuestro querido Delegado de la Palabra y animador de la ecología integral, luego de más de ocho meses de su crimen», subrayó la CEH en un comunicado.

Juan López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, a pesar de que contaba con medidas cautelares otorgadas tanto por instancias nacionales como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El ambientalista también era concejal de la Alcaldía de Tocoa y estaba ligado a la pastoral católica. Se oponía al cuestionado proyecto minero-energético Pinares Ecotek aduciendo que está situado en una zona protegida y afectará los ríos Guapinol y San Pedro.

En el ámbito ambiental, los obispos hondureños exigieron además la implementación inmediata del Decreto 18–2024, el cual garantiza la protección de áreas naturales como el parque nacional Botaderos “Carlos Escaleras”, y manifestaron su preocupación por iniciativas legislativas que pretenden facilitar licencias ambientales a intereses privados, advirtiendo que estas propuestas «amenazarían todavía más la Casa Común”.

Perjudicial para la naturaleza y las comunidades

«Confiamos en la sabiduría de nuestros legisladores para impedir la aprobación de esta ley que favorece capitales, pero perjudica la vida natural y a las comunidades», expresaron en referencia al proyecto de Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficacia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental, actualmente en análisis en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Nacional.

La normativa también ha sido rechazada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), por considerar que podría debilitar los mecanismos de protección ambiental y los derechos de las comunidades afectadas.