Monseñor Aurelio Pesoa: "El Estado de derecho en Bolivia no garantiza los derechos básicos de todos"

Los obispos de la Iglesia católica boliviana hicieron un llamado este jueves, 10 de noviembre, a cesar las imposiciones y enfrentamientos al inaugurar su CXI asamblea que se desarrolla en la ciudad central de Cochabamba, en medio del conflicto nacional por el censo de población y vivienda.

"Desde esta Asamblea de Obispos, pastores de la Iglesia católica en Bolivia, llamamos a deponer actitudes de imposición y enfrentamiento", afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Aurelio Pesoa, en su discurso inaugural de la reunión, que concluirá el próximo 15 de noviembre.

Según el prelado, en el país se observa una sociedad "en que la libertad se va debilitando, la democracia auténtica está amenazada", por lo que los religiosos están "llamados como Iglesia a ser luz".

"En la sociedad boliviana en este momento se intenta imponer un proyecto de país que es el proyecto de algunos, pero no representa a todo el pueblo boliviano", afirmó.

Pesoa también alertó que actualmente el Estado de derecho en Bolivia "no garantiza los derechos básicos de todos", pues la ley está "al servicio de intereses de algunos" y "se impone con parcialidad a aquellos que están desvalidos", lo que es "inadmisible" en un país democrático.

También consideró que pareciera que en el país "se fomenta la lógica del enfrentamiento frente a la lógica de la búsqueda del bien común, el diálogo fraterno y la convivencia entre todos" y esto puede estar creando "resentimiento en diversas regiones".

"Necesitamos que se construya el bien común, necesitamos una Bolivia de todos y para todos, en progreso, justicia y con espíritu democrático verdadero", añadió.

En la inauguración de la CXI Asamblea de Obispos participaron también el nuncio apostólico en Bolivia, Ángelo Accatino, y el cardenal boliviano, Toribio Ticona.

El encuentro se realiza en momentos en que persiste en el país el conflicto por el censo de población, con la región de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, en huelga desde hace 20 días para exigir que el empadronamiento sea en 2023 y no en 2024, como lo definió el Gobierno de Luis Arce.

En los últimos días iniciaron huelgas de hambre legisladores opositores y representantes de plataformas ciudadanas en La Paz y Santa Cruz con la misma demanda.

Hasta el fin de semana la región estuvo cercada por sectores afines al oficialismo que bloquearon carreteras e impidieron el paso de alimentos y el abastecimiento de combustibles para romper la huelga, al considerarla un intento de desestabilizar al Gobierno de Arce.

El Ejecutivo boliviano postergó el censo, que debía realizarse en noviembre de este año, para 2024, bajo los argumentos de la "calidad" de los datos y la necesidad de "despolitizar" el proceso.