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Líderes religiosos panameños se posicionan en defensa de la Casa Común y rechazan modelo extractivista minero
Piden que la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie csobre la constitucionalidad o no de la ley de contrato minero firmada
La Iglesia católica y los comités ecuménico e interreligioso de Panamá solicitan a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie con celeridad sobre la constitucionalidad o no de la ley de contrato minero firmada, que ha mantenido en protesta indefinida a casi todos los sectores de la sociedad que la rechazan porque afecta a los intereses de la nación y amenaza el medio ambiente
(Vatican News).- Mientras las protestas continúan a la espera de la decisión de la Corte Suprema sobre la Constitucionalidad del contrato ley minero aprobado por la Asamblea Nacional y el mismo presidente panameño Laurentino Cortizo, con el cual se concede a una subsidiaria canadiense la explotación de cobre, los lideres religiosos del país firman un comunicado que bajo el título “Fomentar la esperanza para construir el cambio”, piden que se escuche al pueblo que en las calles rechaza la política extractivista que amenaza el medio ambiente y las comunidades presentes en la zona considerada un corredor biológico protegido.
En el comunicado conjunto de la Conferencia episcopal panameña, el Comité ecuménico de Panamá y el Comité interreligioso de Panamá reiteran lo que ya habían declarado singularmente desde el inició de las protestas que se intensificaron el pasado 20 de octubre con la tempestiva aprobación del contrato ley: se trata de una ley que “si bien genera mucho dinero”, responde a “un modelo consumista y extractivista que genera graves daños para la vida humana y el medio ambiente”, en otras palabras se pone “el bienestar económico por encima de la vida”.
“La tierra no puede pertenecer a una persona o a un grupo, para satisfacer solamente sus intereses económicos, sin considerar el bien común de la comunidad humana”.
El rotundo no de la ciudadanía
Convencidos que un número creciente de panameños actúan motivados por el amor a la patria y el bienestar de Panamá, especialmente ante la “grave situación que vive el país”, los líderes religiosos piden respeto a los ciudadanos que “en las manifestaciones pacíficas como una expresión democrática de su rotundo no a la minería metálica”.
Las protestas han paralizado las actividades en la nación centroamericana, desde la suspensión de las clases en el sistema educativo, hasta las dificultades para la distribución de alimentos, medicinas, gasolina e insumos de primera necesidad, a causa de los bloqueos de carreteras. De allí el llamado de las autoridades religiosas a restablecer, sin que eso represente el debilitamiento de la protesta, “espacios o corredores humanitarios que permitan el traslado de ambulancias, insumos hospitalarios, suministro de alimentos, el paso de los migrantes y otros productos necesarios para la población, especialmente la más vulnerable”.
A la espera del fallo de la Corte Suprema
“Consideramos que lo más razonable es esperar a que la Corte Suprema de Justicia” es el contenido del tercer punto del comunicado en el que se exhorta al poder judicial a que “actúe con celeridad, y se pronuncie sobre las demandas presentadas, emitiendo un fallo en derecho sobre la constitucionalidad o no, de la ley que aprobó el contrato minero, y el contenido de dicho contrato”. Además, se solicita que en caso de que se declare la inconstitucionalidad del contrato ley “brinde luces sobre el camino a seguir” para la “restauración de la legalidad”.
Este punto, se relaciona también con la necesidad de que, a la espera del fallo de la Corte, las autoridades para que “garanticen la seguridad y protección ciudadana”, frente a los actos vandálicos y la delincuencia que se han presentado en las protestas pacíficas: “Evitemos la dolorosa confrontación entre hermanos”.
Una oportunidad de cambio
El comunicado concluye con una invitación la oración, que es “la llave que abre el corazón y el alma a Dios” y a su acción transformadora:
“Los tiempos difíciles son una oportunidad para realizar los cambios y transformaciones de los sistemas de injusticia en que vive nuestra sociedad. No olvidemos que la patria es un don, pero también una tarea que todos debemos asumir exigiendo nuestros derechos, y cumpliendo nuestros deberes”
La protesta se mantiene
El pasado viernes, tanto el Parlamento como el Ejecutivo, promulgaron una ley de moratoria minera, que prohíbe otorgar nuevas concesiones de minería metálica y rechaza las que están en trámite, dejando en manos de la Corte Suprema de Justicia la constitucionalidad del polémico contrato ley con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals. Esta era una de las medidas solicitadas por los ciudadanos en protesta desde hace más de 20 días. No obstante, los sindicatos, grupos ambientalistas y de otros sectores de la sociedad anunciaron que seguirán las manifestaciones hasta que la Corte Suprema de Justicia decida sobre el futuro del contrato minero mediante su fallo sobre los varios recursos de inconstitucionalidad ya interpuestos.
Paralelamente, este fin de semana, el Gobierno pidió la "apertura" de carreteras, pues hay bloqueos en diferentes puntos, producto de las protestas anti minería, han producido desabastecimiento de alimentos, medicamentos y gasolina en algunos puntos del país, así como "el retorno de la paz social". En comunicado del Ministerio de Gobierno señala que “cuando en una sociedad existen conflictos y diferencias, cuando el pueblo exige posiciones y luego se encuentra una solución pacífica, logrando el objetivo, alcanzamos la paz social. ¡El pueblo ha sido escuchado!" – señala la nota refiriéndose a sanción por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, de la Ley de Moratoria Minera y a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
