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"En vez de obedecer al Papa y llevado por su vanidad, aceptó recibir la medalla de honor de Lima"
Según informa La República, el primer denunciante de los abusos cometidos por el Sodalicio de Vida Cristiana, José Enrique Escardó, ha iniciado una campaña popular, que ya suma algunos centenares de adeptos, para exigir al alcalde de Lima del Opus Dei, Rafael Lopez Aliaga, candidato a la Presidencia en las elecciones de 2026, que retire la condecoración que el Ayuntamiento de Lima concedió al ex arzobispo de Lima y cardenal, Juan Luis Cipriani Thorne.
Escardó también ‘ha pedido a López Aliaga mostrar respeto y comprensión hacia las víctimas de violación sexual’, destacando que este político controvertido no solo apoya al Cardenal Cipriani contra toda lógica sino que protege los bienes del Sodalicio mediante un fideicomiso. Se trata de los cementerios-misiones del grupo ‘Parque del Recuerdo’, sospechosos de graves ilícitos contra el fisco peruano, tal como denuncia la prensa internacional.
El ‘caso Cipriani’, que coincide en Perú con la polémica suscitada tras la supresión del Sodalicio, ha saltado a los medios hace escasas semanas gracias a un reportaje de El País, aunque se remonta al año 2018, a partir de una denuncia en contra del Cardenal por un presunto abuso sexual cometido en diversas ocasiones en el contexto de la confesión.
Cuando Cipriani presentó a Francisco su renuncia, próximo a cumplir los 75 años, el Papa le habría informado que se la aceptaba inmediatamente porque tenía en su contra una denuncia grave y verosímil por abuso de menor. La misma víctima que, indignada por el regreso de Cipriani a la vida pública peruana, en pre-campaña electoral, se puso en contacto con la prensa para denunciar al Cardenal.
En el 2018, acabaron 19 largos años de reinado absoluto de Cipriani en una diócesis limeña azotada por la corrupción económica y las alianzas estratégicas entre el Fujimorismo y los elementos eclesiales peruanos más conservadores, en especial, el Opus Dei y el Sodalicio.
En el 2025, acabó su buena fama por siempre jamás, sin que su caso tenga nada que ver con el del cardenal Pell, pues sobre éste nunca se pronunció la Santa Sede.
A partir de cuanto se ha ido conociendo, dicha denuncia presenta algunas peculiaridades. Los hechos fueron denunciados ante Francisco a través de los buenos oficios de los periodistas peruanos Palacios y Salinas, así como la también víctima de abusos eclesiales en Chile Juan Carlos Cruz. Además, estarían prescritos y la víctima habría solicitado expresamente que no se castigara a Cipriani sino solo que se le apartara del ministerio. También pidió que se mantuviera su identidad bajo reserva, sin que nunca solicitara una reparación económica.
El Papa, pudiendo iniciar una investigación previa y para no dañar más la fama del Cardenal, mucho menos derogó la prescripción para entablar contra Cipriani un proceso penal e imponerle, en su caso, una pena.
Aunque Cipriani negó los hechos ante el Papa y el Nuncio, no tuvo otro remedio que comprobar que el Papa le había aceptado la renuncia al ministerio episcopal nada más cumplir los 75 años y que le había exigido apartarse de la exposición pública, no pudiendo residir en Lima ni usar insignias cardenalicias.
Tales limitaciones entran dentro de las prerrogativas de gobierno de un superior jerárquico, por lo que es improcedente alegar inexistentes abusos de poder por parte del Papa.
Solo a finales de 2019, el Nuncio comunicó a Cipriani que dichas medidas administrativas, absolutamente legítimas, iban reforzadas con un precepto penal: solo en caso de desobediencia por parte del Cardenal, se le impondría una pena, que aún se desconoce cuál sería.
Sorprendentemente, la reacción del Cardenal ha sido la de faltar a la verdad de lo ocurrido (si negó haber abusado del menor, es que tuvo la oportunidad de ser escuchado) y sembrar inquina contra Francisco.
Cipriani ha acusado abiertamente al Papa por presuntas actuaciones abusivas en su contra (cuando en realidad Francisco, con gran misericordia, nunca lo ha expuesto a un proceso ni le ha impuesto ninguna pena) y ha incluso lanzado sospechas infundadas contra la Curia, a modo de inútiles fuegos de artificio para desviar la atención sobre su persona.
En su comunicado, Cipriani dice: "En agosto de 2018 fui informado de que había llegado una denuncia que no se me entregó. A continuación, sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre de 2019 el Nuncio Apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de penas limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera del Perú. También se me pidió que guardara silencio, cosa que he hecho hasta ahora".
Mal se avienen las últimas palabras con los hechos: en lugar de obedecer al Papa permaneciendo en silencio y evitando los focos mediáticos, siempre lejos de Lima, llevado por la vanidad, aceptó recibir una medalla de honor en su Ciudad que, sin lugar a dudas, se ha convertido en todo un deshonor para él, para Perú, para López Aliaga, para el Opus Dei y para toda la Iglesia.
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