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Agustinos, carmelitas, capuchinos, mercedarias… Nicaragua ‘cancela’ ahora a las congregaciones religiosas
Nuevo golpe del régimen de Ortega a la Iglesia
Tras la notificación de Ministerio del Interior del pasado 19 de abril, se ha extinguido la personería jurídica de los Frailes Menores Capuchinos, las Hermanas Carmelitas del Divino Corazón de Jesús, los monjes y monjas agustinos, las Mercedarias Misioneras de Bérriz, la Orden de los Cistercienses de la Estricta Observancia (Trapenses) y los Hermanos de la Caridad
En una innegable deriva autoritaria, el gobierno de Nicaragua ha dado una vuelta de tuerca más contra la Iglesia. A los casi 250 sacerdotes, monjas, obispos y laicos que desde 2018 fueron obligados a abandonar el país, según el informe de la activista Martha Patricia Molina, y los tres obispos y 136 sacerdotes expulsados y acogidos por Estados Unidos o el Vaticano, se añade ahora la ‘cancelación’ de varias congregaciones religiosas.
Si ya la Compañía de Jesús fue expulsada por el régimen de Daniel Ortega en 2023, y en 2022 expulsó a 18 Misioneras de la Caridad, la congregación de la Madre Teresa de Calcuta, ahora, tras la notificación de Ministerio del Interior del pasado 19 de abril, se ha extinguido la personería jurídica de los Frailes Menores Capuchinos, las Hermanas Carmelitas del Divino Corazón de Jesús, los monjes y monjas agustinos, las Mercedarias Misioneras de Bérriz, la Orden de los Cistercienses de la Estricta Observancia (Trapenses) y los Hermanos de la Caridad.
Igualmente, fueron cerradas dos obras salesianas: la Asociación de Cooperadores Salesianos y la Asociación de Mujeres Salesianas, las Misioneras Catequistas Lumen Christi, la Fundación San Pío y la Asociación de Comunidades Cristianas de Base.
Esta orden de cierre ha afectado a un total de 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONG), entre las que también se encuentran también muchas congregaciones evangélicas en las que hasta ahora Ortega no había puesto su foco, y que según fuentes internas citadas por OSV News, eran “los últimos lugares donde los nicaragüenses pueden reunirse libremente”.
El Ministerio del Interior alegó que las 1.500 ONG que perdieron su personería jurídica no habían informado debidamente sobre sus finanzas “durante períodos de entre uno y 35 años”, además de “obstaculizar” su “control y supervisión” sobre dichas organizaciones.
Desde 2018, cuando comenzó la crisis política en Nicaragua tras una brutal represión por parte de las fuerzas sandinistas contra protestas populares, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa, ha cerrado unas 5.000 organizaciones no gubernamentales (cuyos activos confisca el Estado) y silenciado a los medios de comunicación independientes.
