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375 casos, 629 víctimas, 399 menores de edad y una veintena de condenas
Chile, uno de los países latinoamericanos más salpicados por denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, lleva más de una década sumando nuevos casos, señalamientos por encubrimiento y quejas por lentitud en las investigaciones.
Días después de que el Vaticano tomara la decisión de permitir que se investiguen cientos de casos de pederastia en España, en el país austral siguen abiertas 65 investigaciones que implican a 116 personas relacionadas con la Iglesia.
El caso de exsacerdote Fernando Karadima, que estalló en 2011 y remeció los cimientos de una de las instituciones más poderosas del país, evidenció, en palabras el papa Francisco, "una cultura de abuso y encubrimiento" en el seno de la Iglesia que dejó más de 300 víctimas. He aquí una revisión de las principales cifras y casos:
La información fiscal a la que tuvo acceso Efe, con fecha 31 de julio de 2021, da cuenta de 60 investigaciones en curso a escala nacional contra 116 personas relacionadas con la Iglesia católica de Chile que implican a 220 víctimas, la mitad menores de edad en el momento de los hechos.
Según los datos oficiales, entre los investigados hay seis obispos, más 77 sacerdotes y varios diáconos, religiosos (no sacerdotes) y laicos.
Desde diferentes organizaciones sostienen que es imposible contabilizar todas las denuncias. Muchas nunca llegan a ser interpuestas formalmente por el estigma que conlleva para las víctimas y, en otras ocasiones, se desestiman porque el delito ha prescrito.
Hay acusaciones que datan de 1960, aunque el recuento de la Fiscalía Nacional comienza a contar los datos desde el año 2000.
En total son 327 investigaciones (entre casos abiertos, cerrados, sobreseídos o archivados), con 375 personas involucradas que dejaron un total de 629 víctimas, 399 menores de edad.
No existe un cómputo general del Poder Judicial al respecto, pero la Conferencia Episcopal de Chile (CECH) acordó publicar en su página web un listado identificando a las personas relacionadas con la Iglesia sobre las que existe una sentencia.
Según el último informe, que data de noviembre de 2020, son 20 fallos ejecutadas por la vía judicial contra 17 sacerdotes -once diocesanos y siete religiosos- y dos diáconos.
En cuanto procesos canónicos, la CECH detalla 34 sentencias ejecutadas contra 31 sacerdotes, un diácono y dos obispos (Marco Antonio Órdenes Fernández, obispo emérito de Iquique y un arzobispo ya fallecido).
No hay datos oficiales sobre la identidad de la mayoría de las personas que están siendo actualmente investigadas, aunque algunos nombres que trascendieron en 2018 son los del arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, y el presidente de la CECH, Santiago Silva, imputados por presunto encubrimiento.
Entre los miembros del clero que ya han sido condenados por la vía judicial destacan Juan Ignacio Zapata (diocesano de Valparaíso) o Jaime Low Cabeza (diocesano de Punta Arenas), según datos de la CECH.
El primer gran escándalo por abusos en el seno de la Iglesia fue el del exsacerdote Fernando Karadima, denunciado en 2004 en la televisión por tres de sus víctimas.
En 2011, el derecho canónico lo relegó a una vida "de reclusión y penitencia" por violaciones y abusos sexuales a menores en Chile, pero nunca obtuvo una condena judicial porque sus delitos habían prescrito.
La primera reacción del papa Francisco, durante una visita oficial en 2018, fue exigir "evidencias" a las víctimas y calificar de "calumnias" todas las imputaciones. Sin embargo, después de que enviados vaticanos visitaran el país ese mismo año en diferentes ocasiones, el pontífice reconoció una "cultura del abuso y encubrimiento" en Chile.
Después de ese episodio, los 34 miembros del episcopado del país sudamericano pusieron sus cargos a disposición del pontífice.
El papa aceptó inicialmente la renuncia de siete y posteriormente expulsó del servicio clerical a dos exobispos y dos sacerdotes más, entre ellos al influyente Karadima.
Otros nombres sonados que fueron desvinculados del clero fueron el obispo de Osorno, Juan Barros, acusado de encubrir a Karadima, el exobispo de La Serena, José Francisco Cox, y el de Iquique, Marco Antonio Órdenes Fernández.
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